Ley de secretos un escudo inconstitucional para la corrupcion del actual gobierno

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Ley de secretos un escudo inconstitucional para la corrupcion del actual gobierno

Mensaje por Hermes19 el Lun Jul 10, 2017 1:00 pm

La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional,  más conocida como “Ley de Secretos Oficiales”, sigue siendo un obstáculo para que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción  e Impunidad en Honduras (MACCIH) realice su trabajo.
La Misión de la OEA pidió el viernes anterior la derogatoria de la normativa y aconsejó darle paso a la Ley  de Transparencia, mientras se aprueba una ley de Archivos, ya que de lo contrario no podrá realizar su trabajo para castigar la galopante corrupción e impunidad.
La “Ley de Secretos Oficiales” fue aprobada el 24 de enero de 2014 durante la llamada hemorragia legislativa del período constitucional anterior, aprovechada por el presidente Juan Hernández, para aprobar varias leyes que favorecieran su mandato.
Hasta el momento suman ya cuatro iniciativas de ley presentadas ante el Congreso Nacional para la derogatoria de la normativa y han sido introducidas por diputados de las bancadas de la oposición política, pero éstas han sido engavetadas por la Junta Directiva del Parlamento, actualmente en poder del Partido Nacional.
Las iniciativas han sido presentadas de manera individual por los diputados, Luis Redondo, del PAC; Osman Aguilar, Partido Liberal y por los parlamentarios de Libertad y Refundación Libre, Jorge Cálix y Elvia Argentina Valle.
El diputado de Libre, Jorge Calix calificó a la Ley de Secretos Oficiales  como “un escudo para los corruptos”, porque “el que defienda la ley de secretos es porque está defendiendo su escudo que lo cobija contra la transparencia y la lucha contra la corrupción”.
Por su parte Osman Aguilar, otro de los diputados proyectistas, dijo que la “Ley de Secretos” es una vergüenza y debería ser declara inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia.
“Esta ley nos viola a todos los hondureños el derecho que tenemos de acceso a la información pública. No es posible que esta ley pueda permitir secretos de 10, 15  y hasta 25 años, justificándolos en materia de seguridad y defensa”, esbozó el ahora candidato a alcalde del municipio del Distrito Central.
Agregó que el marco legal le está sirviendo al gobierno para no dar a conocer en qué está gastando el presupuesto y cómo está haciendo las licitaciones, compras, y contrataciones del Estado.
A manera de ejemplo, Aguilar expuso que más de 2.500 millones de lempiras que se captan anualmente por la Tasa de Seguridad no se sabe en qué se están gastando, porque están amparados en la ley.
En virtud de la opacidad, Aguilar introdujo al Parlamento un decreto que pedía una auditoría forense en la Tasa de Seguridad, pero se le denegó, argumentando que la Ley de Secretos Oficiales lo prohibía.
INCONSTICIONALIDAD
A juicio de varios abogados constitucionalistas y de organizaciones promotoras de los derechos humanos y libertad de expresión, la ley es inconstitucional porque fue aprobada en una fecha en la que el Congreso Nacional no estaba facultado porque la cuarta y última legislatura del 2013 había sido ampliada hasta el 19 de enero de 2014, por lo que cualquier asunto debió ser abordado hasta el 25 de enero, día en que se instaló la primera legislatura del nuevo periodo constitucional.
El 10 de febrero de 2016, la Coalición contra la Impunidad y la Alianza por los Derechos Humanos  interpuso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley, pero en noviembre de ese mismo año la Fiscalía de la Defensa de la Constitución (CSJ) recomendó a la Corte que decretara sin lugar el referido recurso.
A raíz del respaldo legal, la ley ha venido escondiendo todas las actividades que se realizan en 16 instituciones del Estado, especialmente las compras, licitaciones y contrataciones, por lo que ningún ciudadano puede enterarse en qué se gastan o a qué se destinan los fondos públicos.
BLINDAJE
La ley de secretos se complementa con la resolución CNDS 069/2014, aprobada en julio de 2014 por el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que preside el presidente, Juan Hernández y que declara como reservada la información proveniente de varias instituciones del Estado.
La ley de secretos, entró en vigencia el 7 de marzo de  2014, a pocos días de la asunción del presidente, Hernández, quien siendo presidente del Congreso Nacional, incidió para su cabildeo y elaboración.
La normativa clasifica la información pública en reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta  y el blindaje es de cinco, diez, 15 y 25 años respectivamente, por lo que muchos sectores  han llegado a la conclusión que es inconstitucional y un duro golpe para el acceso a la información pública.
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