Una Baraja de presidentes y expresidentes corruptos en latinoamerica

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Una Baraja de presidentes y expresidentes corruptos en latinoamerica

Mensaje por German el Sáb Jul 15, 2017 8:10 am

HONDURAS
El 28 de marzo del 2016, el expresidente de Honduras Rafael Callejas (1990-1994) se declaró culpable de participar en una trama de sobornos en la Concacaf cuando dirigía el futbol de su país.
Callejas admitió su culpabilidad por cargos de crimen organizado y fraude electrónico. El también expresidente de la Federación Hondureña de Fútbol entre el 2002 y el 2015 es uno de los 42 individuos a quienes se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en supuestos sobornos a cambio de derechos de transmisión y comercialización de varios eventos futbolísticos.


BRASIL

En Brasil Lula Da Silva fue condenado a más de 9 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. En Perú piden prisión para Ollanta Humala y su esposa. En Guatemala Otto Pérez Molina está tras las rejas.
Estas son solo algunas de la serie de sentencias que en los últimos años han involucrado a presidentes de América Latina.
Mira aquí una lista de exmandatarios acusados, condenados, presos o con órdenes de prisión preventiva, pedidos en extradición o prófugos de la justicia por casos de corrupción.
No aparecen otros expresidentes o presidentes en funciones que actualmente están siendo investigados por delitos de ese tipo, pero sobre quienes aún la justicia no se ha pronunciado de manera definitiva.
En el caso de Lula da Silva, el expresidente de Brasil fue declarado culpable de corrupción y blanqueo de dinero en una sentencia del juez Sergio Moro, por un caso que se centra en un lujoso apartamento de tres pisos que supuestamente una compañía constructora le dio a Lula como soborno.
Es la primera vez que un expresidente brasileño es condenado por corrupción en un juicio penal. Sin embargo, Lula podrá apelar esta sentencia en libertad, según especificó el juez Moro en su escrito.
Si el exmandatario es condenado en segunda instancia, tendrá que ingresar a una prisión y quedará automáticamente inhabilitado para aspirar a un cargo público. Lula da Silva pretendía presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2018.
Esta es la primera sentencia de cinco procesos judiciales que Lula tiene abiertos en Brasil. En los otros cuatro enfrenta acusaciones de corrupción, blanqueo de capitales, trafico de influencias, obstrucción a la justicia y organización delictiva.

PERÚ

El pasado jueves un juez ordenó prisión preventiva para el expresidente Ollanta Humala y su esposa y exprimera dama Nadine Heredia. 
Los acusan de haber recibido 3 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Humala en el 2011.
Tras escuchar los alegatos del fiscal que investiga a los Humala por el delito de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, el juez dictó prisión preventiva por 18 meses para los esposos Humala.
Según las declaraciones de Marcelo Odebrecht a autoridades brasileñas, representantes de la constructora se habrían reunido con Humala y su esposa Nadine Heredia. El expresidente, quien defiende su inocencia y la de su esposa, si aceptó haberse reunido con varios grupos empresariales, pero niega haber recibido dinero por parte de Odebrecht.
Pero Humala no es el único expresidente de Perú en problemas con la justicia. El pasado 17 de abril, el juez peruano Mario Guerra ordenó 18 meses de prisión preventiva para el exmandatario Alejandro Toledo y su esposa, Eliane Karp, como parte de las investigaciones por el caso Ecoteva. Toledo ya tenía una orden de detención preventiva en su contra por supuestamente haber recibido un soborno de la constructora brasileña Odebrecht, en un caso en el que es acusado de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.
Toledo permanece en Estados Unidos, país que a comienzos de este año recibió por parte de las autoridades peruanas la solicitud de prisión preventiva para el expresidente con fines de extradición por el caso Odebrecht. Siempre ha negado las acusaciones en su contra, dice que no es un fugitivo de la justicia y que los dos procesos que enfrenta están llenos de irregularidades y se trata de una persecución política.
En una entrevista exclusiva con Patricia Janiot de CNN en Español, emitida el 28 de mayo pasado, Toledo afirmó que no tiene nada que ver con las acusaciones en su contra y dijo que no entrará a la cárcel sin que antes escuchen su versión.

PANAMÁ

El 7 de julio pasado, un juez federal estadounidense decidió que no concederá libertad bajo fianza al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, mientras estudia la solicitud de extradición presentada por Panamá, pues considera que podría fugarse.
Martinelli fue detenido el 12 de junio pasado en Miami y tiene una audiencia programada en esa ciudad para el próximo 25 de julio. A Martinelli se le investiga en Panamá, entre otras cosas, por un caso de escuchas ilegales durante su gobierno. Las supuestas escuchas ilegales habrían sido a más de 150 personas durante su mandato entre el 2009 y 2014.
El exmandatario enfrenta junto a este cinco casos más por presunta corrupción en la Corte Suprema de Justicia. Martinelli siempre ha negado las acusaciones y ha dicho que corresponden a una persecución política.
En octubre 2015, el fiscal de la Corte Suprema de Panamá solicitó la apertura del juicio oral contra Martinelli, quien perdió su fuero penal en abril del 2015,  y en diciembre de ese año el Tribunal Supremo ordenó la captura provisional del exmandatario.
La Fiscalía sostiene que hay suficientes elementos para procesar a Martinelli por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, además de otros relacionados con la malversación de fondos públicos.

GUATEMALA

El 3 de septiembre de 2015, el entonces presidente de Guatemala Otto Pérez Molina presentó su renuncia ante el Congreso, que la aceptó con 116 votos a favor, 0 en contra y 42 ausentes.
Lo hizo luego de que se emitiera una orden de arresto en su contra por delitos de corrupción en un caso conocido como La Línea. El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad lo acusaron de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Pérez Molina ingresó en prisión después de renunciar a la presidencia.
Casi un año después, a finales de julio del 2016, Pérez Molina y su exvicepresidenta Roxana Baldetti fueron ligados a un proceso penal por los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad lo acusa de dirigir una estructura criminal que saqueó al Estado guatemalteco entre 2012 y 2015. La red ha sido denominada “cooptación del Estado” y la integran medio centenar de miembros.
Pérez Molina fue acusado de administrar el equivalente a casi 38 millones de dólares por comisiones ilícitas cobradas a contratistas. El expresidente siempre ha negado los cargos.
La exvicepresidenta Baldetti, que renunció a su cargo en mayo del 2015 y está presa desde entonces en la cárcel de Santa Teresa por supuestos actos de corrupción, aceptó el 15 de junio del 2017 ser extraditada a Estados Unidos, donde se le abrió un proceso en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington, por los delitos de “asociación delictuosa y conspiración para el tráfico de drogas”.
El pasado 7 de junio, el Ministerio Público de Guatemala confirmó que recibió la solicitud de extradición por parte de EE.UU. El pedido responde a que, según un testigo en territorio estadounidense, Baldetti ha tenido nexos con el grupo narcotraficante mexicano ‘Los Zetas’. Exactamente, el cargo que se le imputa a Baldetti es “conspiración para distribuir cinco o más kilogramos de cocaína para importar a Estados Unidos”.
En una declaración proporcionada a CNN por su abogado, Baldetti dijo que es inocente y negó haber participado “antes ni después de ser vicepresidenta” en los delitos que se le acusan.

EL SALVADOR

Francisco Flores, presidente de El Salvador entre 1999 y 2004, falleció el 30 de enero del 2016 a los 56 años. En diciembre del 2015, fue enviado a juicio por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Flores estaba bajo arresto domiciliario desde octubre del 2014 y pasó en ese momento a estar recluido en una celda de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil de El Salvador.
Se le acusaba de haberse quedarse con unas donaciones del gobierno de Taiwán cercanas a los 15 millones de dólares, que estaban destinados a proyectos de lucha contra la pobreza y ayuda a afectados por terremotos en El Salvador.
El exmandatario siempre se declaró inocente de los cargos en su contra. Hace pocas semanas, en junio pasado, la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía de El Salvador inició el embargo de nueve propiedades de Flores, quien cuando murió no había recibido todavía una sentencia. La familia de Flores se ha defendido diciendo que las fincas, terrenos y casas embargadas son bienes heredados y no adquiridos por Flores durante su mandato.
El otro caso que involucra a El Salvador es el de Elías Antonio Saca, presidente entre el 2004 y el 2009 y quien fue detenido en octubre del 2016 por orden de la Fiscalía General junto con otras seis personas, por presunta corrupción.
Saca está acusado de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero. Su abogada ha dicho que él está confiado en salir bien librado de esta acusación. Saca ya enfrentaba desde comienzos del 2016 una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, porque no justificó ingresos de poco más de 5 millones de dólares.
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