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 Diputados que vendieron sus votos en el congreso a defenderse en libertad

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MensajeTema: Diputados que vendieron sus votos en el congreso a defenderse en libertad   Jue Dic 28, 2017 2:49 pm

La magistrada Alma Consuelo Guzmán, que actúa como jueza natural, determinó suspender de sus cargos a cinco diputados acusados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, asimismo les dictó medidas distintas a la prisión luego de celebrarse este jueves la audiencia de imputados.
La medida cautelar es para los diputados: Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleázar Juárez. Igualmente se vincula a tres particulares: José Napoleón Panchamé Banegas, director de la ONG; Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
De acuerdo a lo informado por el Poder Judicial, tanto la defensa como el Ministerio Público estuvieron de acuerdo con la sentencia judicial de este día.
Consultados por la juez natural si deseaban prestar su declaración, cada uno de los imputados manifestó su negativa a rendir la declaración en relación a los hechos presentados.
El Ministerio Público se pronunció reiterando su acusación por el delito de malversación de caudales públicos en relación a la supuesta apropiación de 8.3 millones de lempiras al tiempo que solicitó la medida cautelar de detención judicial enmarcada en el artículo 292 del Código Procesal Penal, atendiendo al riesgo de fuga, según se argumentó, y la potencial obstrucción a las fuentes de prueba.
Asimismo, el ente acusador solicitó adicionalmente para los cinco diputados la suspensión en el ejercicio del cargo, contemplada en el artículo 173 numeral 12 del Código Procesal Penal, cuando se atribuye un delito contra la administración pública. La misma posición fue planteada por parte de la representación de la Procuraduría General de la República (PGR).
La defensa técnica, por su parte, se opuso a la pretensión del ente acusador asegurando que cada uno de los imputados tiene suficiente arraigo y están en toda la disposición de presentarse y comparecer a cada una de las etapas del proceso y a las audiencias que sean necesarias según el mandato de la judicatura. La jueza rechazó petición de la defensa de que imputados quedarán bajo su supervisión por ser parte interesada.
Una vez analizados los argumentos presentados por la partes, la juez natural considera que no se cumplen los presupuestos suficientes para considerar que existe un peligro de fuga o de obstrucción de la investigación, por lo que resolvió imponer medidas cautelares distintas a la privación de libertad.
En este sentido, se establecieron las siguientes medidas cautelares: prohibición de cambiar domicilio fijado en la audiencia, presentarse los días viernes de cada semana a los Juzgados penales donde tienen su domicilio, prohibición de salir del país, prohibición de personarse al Congreso Nacional y a la sede de la ONG ANPIBCH, prohibición de comunicarse con el presidente del Poder Ejecutivo y Legislativo o empleados o funcionarios que hayan laborado a partir de 2015 o empleados y exempleados de la ONG y finalmente suspender a todos los imputados en el ejercicio de su cargo.
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